El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó hoy la extradición del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Estados Unidos, que le reclama por supuesto blanqueo de dinero.

Según el veredicto, al que tuvo acceso Efe, el Supremo rechazó el recurso de apelación de Saab presentado ante esa instancia y ratificó la decisión de una corte inferior de aprobar la entrega del empresario, detenido en el país africano desde el pasado 12 de junio a petición de EEUU.

"Los jueces del Tribunal Supremo acuerdan desestimar el recurso y confirmar, a todos los efectos legales, la decisión impugnada"; esto es, el fallo favorable a la extradición que dictó el año pasado el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, ubicado en la isla septentrional de San Vicente, según reza la sentencia.

En el mismo documento, el alto tribunal, con sede en Praia, capital caboverdiana situada en la isla sureña de Santiago, dice "confirmar la autorización judicial para la extradición del solicitante (Saab) a Estados Unidos".

Los magistrados del Supremo también consideraron que Cabo Verde no está vinculado a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), bloque al que pertenece el país, que el pasado lunes falló contra la extradición del empresario y ordenó su liberación inmediata.

Por consiguiente, según el Supremo, la sentencia de la corte de la Cedeao no será aceptada por las autoridades judiciales de este país insular de África occidental.

Fuentes del equipo legal de Saab confirmaron a Efe que han recibido notificación de "la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde sobre el proceso de extradición" contra el empresario, nombrado por Venezuela "enviado especial" y "representante permanente adjunto" ante la Unión Africana.

Apelación

"La defensa está actualmente estudiando la decisión y emitiremos una declaración sustancial más adelante", señalaron las fuentes

"Mientras tanto --agregaron--, podemos afirmar que presentaremos una apelación ante el Tribunal Constitucional (máxima instancia judicial de Cabo Verde) y reafirmamos nuestra confianza en que el embajador Saab será puesto en libertad".

El Gobierno del país africano ya aprobó el año pasado la entrega del supuesto testaferro y, desde entonces, sostiene que el caso debe seguir sus trámites legales en Cabo Verde, estando la Procuraduría General a la espera de la decisión definitiva de la Justicia.

Saab, de 49 años, fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su hizo una escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana norteña de Sal, tras una petición de EEUU a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.

Venezuela adujo entonces que él es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno que estaba "en tránsito" en Cabo Verde, por lo que sus abogados argumentan que "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela".

"Mi detención ilegal tiene una motivación totalmente política y es patético que el Gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante (...) EEUU", declaró a Efe el propio Saab en una entrevista hecha a comienzos de mes desde su cautiverio en Sal, al asegurar que "no colaboraría" con Washington si fuera extraditado finalmente.

El nombre de Saab saltó a la palestra de los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser un testaferro de Maduro.

El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con estos comités, cuyas ayudas se entregan a los más desfavorecidos, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se habrían lucrado con "cientos de millones de dólares".

Washington también interpuso cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso. 

EFE